La CTERA se ha opuesto históricamente a la creación de entes autónomos para la definición de políticas de evaluación al margen de las definiciones generales de las políticas educativas. En el mismo sentido también lo hemos hecho frente al intento de creación de un Instituto Nacional de Evaluación que el gobierno actual comenzó a tratar de imponer desde los principios de su gestión.

Hoy vemos que el Poder Ejecutivo, a través de sus legisladores afines, ha presentado un proyecto de ley para la creación de un Instituto de Evaluación “autónomo”, que contaría “con personería jurídica propia, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y operativa” y que tiene “potestad para dictar su organización interna”; algo así como una fundación u organización no gubernamental para hacerse cargo de la evaluación de los docentes y los estudiantes argentinos.

Esto además habilita la posibilidad del financiamiento de organismos internacionales que podrían direccionar e influir sobre las políticas de evaluación desde las perspectivas que hoy se imponen, a nivel mundial, como tendencias privatizadoras y mercantiilizadoras de la educación.

Este proyecto, que promueve el PRO y sus aliados, modifica lo contemplado en la Ley de Educación Nacional, al quitarle al Ministerio de Educación la potestad de diseñar la política de evaluación (Art. 94, LEN. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social).

Desde CTERA consideramos que es en el marco de lo establecido por la LEN que deben diseñar las políticas de evaluación dentro de las definiciones generales para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y no pensar en un sistema de evaluación como un fin en sí mismo. La evaluación no viene primero. Es solo una dimensión que debe estar planeada e instrumentalizada en función de las políticas educativas en su conjunto.

Claramente el proyecto de creación de este Instituto nos retrotrae a los conceptos que enmarcaron la política educativa desplegada durante los años ´90, cuando el énfasis se centraba en la calidad y la equidad, dejando de lado la inclusión educativa.

Rechazamos enfáticamente el espíritu del proyecto presentado pues se opone claramente a la visión más integrada de una educación de calidad en la cual se considera que “los resultados” de las evaluaciones son un indicador más y que no es sólo responsabilidad de la acción del sistema educativo, sus instituciones y sus agentes sino que dicha responsabilidad se extiende al conjunto de las políticas de Estado.

Miguel Duhalde
Sec. de Educación

Sonia Alesso
Secretaria General