Que el ministro de Educación y Deportes de la Nación no tiene un gran apego a las leyes vigentes no es ninguna novedad. Hace meses que su negativa a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo sostiene y profundiza un conflicto con la comunidad educativa en general y con los docentes en particular. Pero sus declaraciones sobre la conveniencia de incorporar la educación religiosa a las escuelas públicas impactan contra la tolerancia propuesta por la Ley 1420 y hasta con el espíritu de la Constitución Argentina.

La decisión de no imponer una orientación confesional en la educación argentina tiene un direccionamiento modernizador e igualitario que como sociedad debiéramos intentar profundizar y ampliar en lugar de desandar. El sistema educativo proyectado por Sarmiento a fines del siglo XIX, contemplaba, al mismo tiempo que la responsabilidad del Estado nacional sobre la formación integral de los ciudadanos, la limitación del accionar de las iglesias en el espacio público. La propia Constitución de 1853, de corte liberal, distingue las esferas de lo público y lo privado. La libertad de culto y los valores religiosos, cuya libre elección el Estado debe garantizar corresponden a las “acciones privadas de los hombres”. Es preocupante que cuando el ministro valora elementos del pasado en relación a la educación, haga prevalecer desafortunadas metáforas sobre la Campaña del Desierto por sobre las directrices laicistas, tolerantes e igualitaristas que signaron el desarrollo de la escuela pública argentina.

Quizás al ministro Bullrich le quepa en toda su dimensión aquella famosa descripción de Juan Bautista Alberdi: “Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo. A fuerza de tomar y amar el gobierno como libertad, no quieren dividirlo, y en toda la participación de él dada a los otros ven un adulterio”. Tal vez, incluso esta definición le quede grande y estos pequeños neoliberales de hoy sigan sin dar la talla de los liberales de antaño.

También en materia educativa la única libertad que parecen reconocer los “nuevos liberales” es la de la empresa. Como sostiene Adriana Puiggrós al referirse al Perfecto negocio de la educación: “El shopping de educación que veíamos en la época de Menem como intentos en algunos colegios se ha generalizado cobrando dimensiones inéditas. En los medios se ha instalado una maquinaria de reelaboración del discurso educativo que va destruyendo los soportes simbólicos de la educación moderna. Los intereses de Microsoft, Pearson, Banco Santander, Google, entre otras, actúan de manera directa en el país a través del Ministerio de Educación y Deportes”.

Tras un manto de seudo modernidad, simulada en la utilización de las redes sociales y algunas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la concepción del actual ministro de Educación atrasa 150 años. La participación de la comunidad educativa para sostener el derecho social a la educación no puede reducirse a un posteo, o un comentario en una página web como augura el anuncio oficial del Plan Maestro. Requiere, en primer lugar, el cumplimiento de las leyes. Y luego, más preocupación por garantizar las libertades de los ciudadanos que por los negocios de las empresas.

* Secretaria general de Ctera.

** Nota publicada en Página/12