Luego de anunciar los resultados de la evaluación "Aprender" y en medio del conflicto del docente, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley denominado "Plan Maestro".

Lo primero que surge como pregunta desde CTERA es ¿Por qué tratar ahora de convertir en LEY un plan que por sus características y condiciones controvertidas debería ser ampliamente analizado y discutido con todos los sectores directamente implicados en la educación argentina?

Lo que por estos días se da a conocer como “Plan Maestro” es un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sin ningún tipo de discusión pública y sin tomar en cuenta la opinión de los docentes y de las organizaciones sindicales que los representan; tampoco convocatoria de las Universidades, los estudiantes, ni de sus familias, ni de las organizaciones de la sociedad civil. Evidentemente se trata de una puesta en escena mediática, en un momento signado por el conflicto ante la negativa del Gobierno para llamar a la Paritaria Nacional Docente.

Este plan se pretende presentar como elemento distractor en el marco de un conflicto de fuerte rechazo hacia las políticas de ajuste, desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema educativo llevadas a cabo en el año y medio de gobierno de la Alianza “Cambiemos”. Y si bien se trata de otra maniobra dilatoria a la que apela un Ministro de Educación que incumple la ley y que ha estado ausente en todo lo que va del año, igualmente no hay que perder de vista que este Plan contiene algunas de las principales ideas que revelan las orientaciones de políticas que el gobierno actual le quiere dar a la educación.

Salta a la vista que los funcionarios han tenido que salir a decir que “tiene un plan”; mientras en los hechos desoyen a la docencia que reclama por todo lo que hasta ahora no se ha cumplido; y en ese juego de artificio elaboran un discurso que aparentemente apunta hacia la mejora de la educación, para tratar de disimular sus claras intenciones de perjudicar a la escuela pública, desprestigiarla, denostarla y subvalorarla hasta su destrucción, dejando así el camino allanado para la “iniciativa privada”.

El “Plan Maestro” del Ministro en todo su desarrollo revela los principios básicos de lo que hoy se conoce como la “Nueva Gestión Pública”: evaluaciones estandarizadas como parámetro de calidad, nueva carrera docente, liderazgo, meritocracia, emprendedurismo, articulación educación-trabajo mirada sólo desde el empleo y con foco en las demandas de las empresas, etc.

A su vez, el plan en general representa la perspectiva tecnocrática y economicista de la distribución de bienes: “la educación y sus productos principales, la información y el conocimiento, son las variables clave en la sociedad del siglo XXI. La educación impacta simultáneamente en la competitividad económica...”; y adhiere a otro de los conceptos clásicos de la dominación capitalista global como es el de “sociedad del conocimiento”.

Obviamente, que con esta perspectiva política, pedagógica, ideológica y epistemológica, no podremos esperar otras metas que no sean las de reproducir e, incluso, profundizar las desigualdades sociales y ampliar la fragmentación del sistema educativo argentino.

Este plan define 6 dimensiones estratégicas y sus respectivas áreas prioritarias de acción, con las metas correspondientes. Pero no establece de ninguna manera cómo van a lograse las metas previstas ni la inversión financiera que comprometerá el Estado para cumplir con dichas metas. En él tampoco se hace ni una sola mención acerca del origen y aplicación de los fondos o recursos financieros y presupuestarios; ni se hace alusión precisa respeto del grado de responsabilidad del Estado nacional y de las provincias, respectivamente.

A excepción de una única presentación en el marco del CFE, no se generaron las instancias para que este plan fuera discutido en el ámbito público, garantizando, los tiempos y los espacios necesarios para involucrar a los actores del sistema educativo. Y no sólo el Plan no ha sido objeto de debate sino que se han introducido modificaciones, que cambian el sentido contradiciendo lo que se sostenía en borradores anteriores.

Si bien es entendible que a todo borrador se le puedan introducir modificaciones para mejorar el texto, para corregir la sintaxis y/o para incorporar aportes diversos, lo que no se puede entender de ninguna manera es que, de un borrador a otro, se cambie totalmente el sentido de un concepto o de una posición de política educativa e, incluso, que se reescriba el texto contradiciéndose y tratando burdamente de disimular lo que hasta hace pocos días los mismos autores del proyecto habían afirmado y reconocido como tal.

Nos referimos específicamente a que en el texto original que circuló el titular de la cartera educativa se hacía clara referencia a la existencia e importancia de la Paritaria Nacional Docente “con todas las letras”, y se la reivindicaba como la instancia reconocida por ley para garantizar procesos de igualación en las condiciones de trabajo docente existentes entre las distintas provincias.

En uno de los párrafos originales del primer borrador del Plan se decía: “El segundo componente es institucional y se expresa en la paritaria nacional instaurada por la Ley de Financiamiento Educativo, como instancia de negociación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales (representados por una comisión de ministros de educación) y los sindicatos docentes de representación nacional. Esta paritaria nacional fija anualmente un piso salarial para el cargo testigo de un docente de nivel primario que inicia su carrera (...), ha logrado definir anualmente el salario mínimo para todos los docentes del país con un incremento real en cada periodo.

Pero en el último borrador, con fecha 28 de marzo, ahora se dice: El segundo componente es institucional y se expresa en el acuerdo marco (se elimina el concepto paritaria nacional), instaurado por la Ley de Financiamiento Educativo, como instancia de negociación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales (representados por una comisión de ministros de educación) y los sindicatos docentes de representación nacional. Este acuerdo marco (se elimina el concepto paritaria nacional) fijaba (se tachó se fijó) anualmente un piso salarial para el cargo testigo de un docente de nivel primario que inicia su carrera.

Y para justificar la postura del Gobierno respecto a no llamar a la paritaria, en el último borrador se agregó: En el último acuerdo marco nacional se acordó que el salario mínimo de un docente será siempre un 20% mayor al salario mínimo vital y móvil definido anualmente por el consejo del salario.

Otro cambio significativo es que se desdibuja el compromiso del estado nacional en la garantía del derecho a la educación compensando las desigualdades entre las provincias. En el párrafo que sigue, llamativamente se tacha la última oración:

“Dada la organización del sistema educativo argentino, la política salarial docente es definida en el nivel provincial. Sin embargo, en los últimos años el gobierno nacional ha vuelto a intervenir en el pago de salarios docentes y ha creado instrumentos que dan forma a una política nacional a favor de las condiciones laborales del sector docente. La intervención del gobierno nacional tiene un primer componente de apoyo económico, a través del Fondo Nacional del Incentivo Docente y el Fondo de Compensación Salarial Docente. La existencia de jusrisdicciones provinciales que aún enfrentan restricciones fiscales importantes y la presencia de grandes brechas salariales entre las provincias justifican la participación del gobierno nacional en los salarios docentes.

Respecto de la metas del Plan, sobre este punto específico, hicieron las siguientes modificaciones:

59. Mejorar las condiciones salariales de los docentes del sistema educativo. Los distintos niveles de gobierno con incumbencia en la política salarial deberán asegurar la estabilidad del poder adquisitivo de los salarios, mientras que las pautas de incremento salarial para el conjunto de los docentes deberán surgir de los acuerdos marco (eliminaron el término paritarios) en cada jurisdicción.

60.- Reducir las brechas salariales entre las jurisdicciones provinciales. Para ello será necesario mantener la definición anual del salario mínimo de ingreso a la docencia (tacharon esto) unificar los programas salariales nacionales en un solo fondo, que tenga por objetivos asegurar este salario mínimo y reducir las desigualdades salariales. Los criterios de asignación de los recursos del fondo unificado deberán tener en cuenta principalmente el nivel del salario mínimo de cada docente para todos sus cargos, la escala de jerarquización de cada jurisdicción y el esfuerzo financiero que realicen a favor de la educación.

62.- Definir, en el ámbito del acuerdo marco (se elimina el concepto paritaria nacional), los marcos de referencia para las instancias de negociación provinciales sobre otras dimensiones del trabajo docente, tales como la composición del salario, las modalidades de contratación y la política de titularización.

Y, directamente, se tachó la siguiente meta en su totalidad: “Reglamentar la partiría nacional de manera de poder establecer los plazo de su accionar y su conformación. En cuento a los plazos, la primera reunión anual de la paritaria debe anteceder las negociaciones provinciales con el margen suficiente para no poner en peligro el normal inicio de clases”.

A estas idas y vueltas y supresiones que son de suma gravedad, hay que sumarle nuestra preocupación por el doble discurso y contradicciones que también se ven reflejadas en las fundamentaciones del “Plan Maestro” de Esteban Bullrich. Entendemos que hayan caído en tales contradicciones porque seguramente habrán tenido que realizar un importante esfuerzo para sortear la dificultad que significa sostener, al mismo tiempo, el discurso de la “pesada herencia recibida” y el hecho de tener que reconocer, indefectiblemente, los avances que ha tenido la educación argentina en los últimos años gracias a las políticas de inclusión e igualdad social. Esto se observa, entre otras cosas, cuando en el “Plan Maestro” se reconoce que “partir del 2003 los salarios docentes iniciaron un período de crecimiento real que les permitió recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis”. Pero claramente, esta afirmación contrasta con los discursos del Presidente y del mismo Ministro que en todo este tiempo han tratado de instalar la idea de que en los últimos años los salarios habían perdido frente a la inflación. Siendo que, en realidad, fue durante el año 2016 cuando recién los salarios volvieron a estar por debajo de la inflación anual.

También en el Plan se ataca a la docencia y a los derechos laborales con el eufemismo de reducir el “ausentismo”, sin mencionar las medidas concretas de mejoramiento de las condiciones de trabajo docente. En este sentido, el plan incorpora el concepto de “pérdida de horas de clase” atribuyéndolo a “medidas de acción directa adoptadas por los trabajadores de la educación” y sin hacer ninguna alusión a la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar los días de clase generando las condiciones para que se desarrollen los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, y acorde con los principios de la Nueva Gestión Pública y del coaching empresarial, asumen y dan por hecho toda una línea de formación sobre “liderazgo educativo”, que deja abierta la puerta a la entrada de las universidades privadas y las ONGs que se especializan en esta temática, que ya han comenzado a brindar esta capacitación más cercana al modelo del "coaching" empresarial y alejada de las perspectivas sociocríticas con las que nos identificamos desde las organizaciones sindicales y universidades públicas. Habilitan con esta meta la posibilidad para los negocios de las empresas que ven en esto una veta propicia para el lucro en educación, sin poner a discusión cuáles son los saberes relevantes para la formación de los equipos directivos y docentes.

Plantean una "renovada mirada centrada en el estudiante y su derecho a aprender los saberes y capacidades fundamentales para su desarrollo integral"; en tal sentido nos preguntamos ¿cuáles son esas capacidades? ¿Quiénes y cómo las definen?

La preocupación aumenta si ligamos esto con las políticas de este Gobierno que claramente reduce la calidad a las pruebas estandarizadas PISA y APRENDER, y coloca a las evaluaciones estandarizadas como objetivo político. Queda claro en el listado de metas propuestas que las pruebas internacionales PISA se establecen como “el” parámetro a partir del cual se medirá la “calidad educativa” en la Argentina: “basarnos en los resultados logrados en esta prueba y en los de las pruebas nacionales, como indicadores de los avances que debemos lograr (…) Por ello, la evaluación de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes se torna una acción prioritaria para el desarrollo integral, y el uso de esta información es un promotor genuino para las mejoras necesarias en el actual escenario de país.” Evidentemente, ponen el eje en la producción de la información y en su uso, en mayor medida que en el diseño de estrategias concretas vinculadas a los procesos pedagógicos y a la generación de condiciones para lograr una buena educación. En este sentido, tampoco contemplan para nada lo que ya está previsto en la LEN sobre evaluación de la calidad. La manera como se define y plantea un problema educativo y las acciones que se planifican para revertirlo expresan siempre una determinada visión de la educación. Claramente se advierte acá una visión más instrumental de la educación, donde su importancia se encuentra asociada a algún propósito o producto a alcanzar, en contraposición con una visión más humanista que entiende a la educación como un derecho humano, social y universal.

Las metas referidas a la escolaridad obligatoria fijan plazos demasiado largos afectando las condiciones para el derecho efectivo de acceso a la educación pública obligatoria. Tampoco hay claridad alguna respecto a cómo alcanzar las metas ni en la responsabilidad del estado nacional y de los estados provinciales en lo que respecta a generar las condiciones materiales para cumplirlas. Para garantizar este derecho, especialmente a los sectores más desfavorecidos, las metas de cobertura deberían cumplirse mucho antes que lo que estipula el plan. Para lo que se necesita, complementariamente, una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Documento elaborado por la Secretaria de Educación de CTERA.