CTERA denuncia el desmantelamiento del sistema formador docente en la argentina                 Desde CTERA denunciamos la puesta en marcha de un plan de gobierno que tiene como objetivo la sistemática desestructuración y la consecuente destrucción del Sistema de Formación Docente nacional. La punta del iceberg de este plan pudo observarse en Jujuy con el reciente cierre que carreras de formación docente que, desde el punto de vista cuantitativo, representan el 50% de la totalidad de la formación docente inicial con la que actualmente cuenta esta provincia. El proceso se inicia a partir de una decisión del Gobierno nacional que contó con el apoyo y aval del Gobierno provincial. Este primer movimiento que se realiza a modo de “globo de ensayo” en Jujuy pone de manifiesto la intencionalidad que tiene esta gestión de gobierno de avanzar hacia la fragmentación y paulatina destrucción del subsistema de formación docente nacional. En este contexto, también se presenta la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pretende llevar adelante la eliminación de los Institutos Superiores de Formación Docente para unificarlos en una Universidad de Formación Docente. Acción que no sólo desconoce la trayectoria de estas instituciones educativas sino que pone el riesgo las condiciones laborales de los docentes, su estabilidad y situación salarial. Este proyecto fue elaborado a espaldas de la comunidad, sin consultar a los docentes ni directivos de los Institutos, generando a su vez, controversias y repudios desde el sector académico que se anoticia de la propuesta por los medios de comunicación Es llamativo observar que esta reforma de la formación docente en CABA se trata de justificar haciendo una fuerte crítica acerca de la situación de la misma respecto a que no hay suficientes egresados, que los programas son obsoletos, desactualizados, que las carreras no son atractivas, que hay un desprestigio de la profesión, etc.; sin embargo, cabe recordar que desde hace 10 años este mismo gobierno está a cargo de la cartera educativa y de la formación docentes en esta jurisdicción. Todas estas iniciativas pretenden allanar el camino para avanzar en la definición de un marco jurídico nacional y acuerdos marcos bilaterales que brinden las condiciones para que en el corto y mediano plazo se pueda concretar el desguace de la formación docente, tantas veces anunciado por los funcionarios ministeriales; inscribiendo al sistema formador como una de las principales variables del ajuste estructural. Un marco que, a su vez, haga responsable de dicho ajuste a los respectivos gobiernos provinciales, quienes, en algunos casos, se encuentran en una clara relación de subordinación, condicionados por la grave situación económica y sometidos a una extorsión que ha significado la reforma fiscal que impulsa el gobierno. Tal como ocurría en los años ´90, esta iniciativa comienza por cerrar las carreras de formación docente inicial que, según las propias expresiones de la autoridades, representan una “sobreoferta” en algunos casos o “no son atractivas” en otros. Una maniobra que no solo deja sin la posibilidad de libre elección de carreras de formación docente a vastos sectores de la población sino que además restaura, al cerrar carreras, la figura de los “docentes en disponibilidad”, generando nuevas condiciones de inestabilidad laboral. La idea del oficialismo también avanza en la desarticulación de las distintas funciones definidas por la Ley 26.206 para el sistema formador, en tanto se habla de promover la “especialización” de los ISFD sólo en una de estas funciones: formación docente inicial, investigación educativa, formación permanente o apoyo pedagógico a escuelas… A partir de esto, habrá institutos dedicados sólo a una de las funciones. El plan de este gobierno para la formación docente se da en un marco en el que se pretenden imponer también las reformas laborales, fiscales y previsionales; y en un contexto nacional y mundial de avance privatizador de a educación en general y del nivel superior en particular. Hoy los organismos del financiamiento como el Banco Mundial están recomendando a los gobiernos el fin de la gratuidad de los estudios superiores. Este Gobierno ajustador está mirando al sistema educativo como un todo estanco, sin tener en cuenta las perspectivas de ampliación de derechos con inclusión socioeducativa. Es por todo ello que desde CTERA sostenemos que, en lugar de ajustar, el Gobierno debe incrementar la inversión en la formación docente y fortalecer a los Institutos del Profesorado para que, entre otras cosas, se pueda: Garantizar la cantidad de docentes recibidos para cubrir cargos en los niveles obligatorios donde aún no se cumplió con el 100% de la cobertura con educación pública, como es el caso de la sala de 4 años en el nivel inicial y la posibilidad cierta de ampliación de la obligatoriedad a la sala de 3 años. Garantizar la cantidad suficiente de docentes de educación primaria para cubrir cargos de jornada completa y/o extendida en el marco del cumplimiento de la meta de llegar al 30% en todo el país de escuelas con estas características. Garantizar la cantidad suficiente de docentes de educación secundaria para cubrir los cargos que se necesitan a los efectos de cumplir con la meta de alcanzar el 100% de la escolarización de la población en este nivel del sistema. Como así también, avanzar en el nivel hacia la estructuración de puestos de trabajo por cargos en lugar de horas cátedra. Garantizar la cantidad suficiente de docentes formadores de formadores para que los mismos cuenten con condiciones laborales que les permitan desarrollar de manera vinculada acciones de formación inicial, trabajo institucional, investigación y formación permanente, reconocidas en el marco de la composición del propio puesto de trabajo. Buenos Aires, jueves 23 de noviembre de 2017 Sonia Alesso - Sec. General - Miguel Duhalde - Sec. de Educación -