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  El asesinato de Facundo Ferreira, un niño de 12 años, a manos de la policía tucumana de Mansur no solo es conmovedora y repudiable, también es alarmante. La foto del pibe con su cuerpo inerte en el piso, rodeado de un charco de sangre nos interpela como sociedad: No estamos dispuestos a avalar ese destino para nuestra infancia.

El terrible hecho es un mojón mas en la cadena probatoria de la Política Represiva de un Estado que recargó, a través de la Doctrina Chocobar, las armas de Gatillo Fácil para aplicar la Pena de Muerte en forma sumaria, expeditiva y extrajudicial, pero no de manera indiscriminada. Lxs destinatarixs de dicha violencia cumplen invariablemente con al menos dos condiciones: son jóvenes y pobres.

Esta forma de entender el accionar policial, heredera directa de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, seguramente extenderá su práctica. Si el “enemigo de la seguridad” adoptó tan rápidamente el rostro de un niño, ¿Cuánto demorará en adoptar el rostro de unx gremialista, mapuche, lesbiana, travesti, piqueterx, opositor político, etcétera?

Si bien es necesario reconocer la continuidad histórica de ésta violencia dirigida, nunca se había llegado al punto de generar un aval tan explícito por parte del poder político constitucional y el mediático a un accionar que es completamente ilegal y que, como todxs sabemos, tiene como única finalidad el disciplinamiento de la juventud y de la clase trabajadora.

Desde el momento en que el Presidente Macri recibió al policía asesino, Chocobar, y lo calificó de “héroe” por haber ejecutado a un joven por la espalda, el gobierno ha recargado las armas policiales, y aceitado sus gatillos para que apliquen la medida inconstitucional de la pena de muerte. Y con la Doctrina Chocobar en amplia difusión, ¿cuánto debemos esperar para que la Policía de Tierno vuelva actuar como lo hizo aquella vez fusilando al cazador Santiago Garialdi, la represión en el Paralelo 42 por el Rio V, la persecución a las Luchadoras Feministas o lxs apremios a los pibes de barrios pobres? Todos estos hechos se inscriben en una misma lógica represiva: construir un enemigo interno entre los sectores más vulnerables, ponerle un rostro a la inseguridad para poder machacarlo con toda la fuerza, material y simbólica, para esconder el ajuste brutal, la entrega del país, y disciplinar con terror a la sociedad.

El monopolio de la violencia lo tiene el Estado, y la utilización de la violencia por parte de las fuerzas represivas debe darse únicamente de manera limitada, excepcional y respetando los derechos de todxs.

Repudiamos la violencia institucional. Exigimos Justicia Plena para Facundo. Demandamos el respeto de los derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional Argentina. Nos declaramos en defensa de un Estado Democrático pleno.


Secretaría de Derechos Humanos
 
 
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