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| La Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito.
La lucha por el derecho
al aborto: una deuda de
la democracia |
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Desde el año 2005 el trabajo realizado por este colectivo ha dado fuerza y visibilidad al reclamo, y convirtiéndolo, en el debate público, como interlocutor válido del poder legislativo, judicial y ejecutivo, e instalando el tema en la agenda política como eje fundamental al momento de evaluar la calidad de nuestra democracia. Un recorrido desde sus orígenes y hasta nuestros días. |
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Por Martha I. Rosenberg1 y Elsa L. Schvartzman 2
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La historia de la lucha por la legalización del aborto
en la Argentina tiene décadas, durante las que
hubo momentos de diferente visibilidad, reconocimiento,
amplitud o encierros en los núcleos más duros de la
resistencia feminista. Esto implicó mayor o menor articulación e
integración con nuevos actores. Hasta hace relativamente pocos
años, las mujeres sólo lo practicaban/mos en soledad y en voz
baja. En la demanda pública del aborto legal, en conjunción de
voces y acciones, hemos transitado de una decisión individual de
resistencia al orden establecido, hacia una lucha que nos constituye
como sujeto de derechos que pueden exigir justicia.
La problemática del aborto abre un lugar de enunciación en el
que se disputa el sentido de la vida de gran cantidad de mujeres
que recurren a su práctica, muchas a pesar de un discurso
consciente que avala el carácter criminal, pecaminoso y, por
supuesto, ilegal del aborto. Para estas mujeres es un campo en
donde la práctica configura una subjetividad totalmente disociada
y condenada al más absoluto secreto. Al mismo tiempo,
lo performativo del acto, la toma de decisión, el alivio o el dolor
obtenido en su consumación, convocan a la subjetivación de una
libertad que tiene consecuencias en los vínculos ascendentes,
descendentes y horizontales (por llamarlos de alguna manera).
Entonces: siempre enfocamos el aborto como acto de un sujeto.
Una mujer que aborta se apropia de lo que le pasa o le pasó, es
decir, de un embarazo involuntario, no deseado o incompatible con su vida. Y esta necesidad de las mujeres de autocontrolar
su fertilidad (potencial o realizada) se incluye en el concepto de
necesidades radicales, en el sentido de Marx, o de Agnès Heller:
son las necesidades humanas que no pueden ser satisfechas sin
cambiar de raíz todas las relaciones sociales de un sujeto. Es decir,
no es cuestión de artículos del Código, sino que es una acción
que cambia profundamente todas las relaciones sociales, cambia
la posición del sujeto, la manera en que se gestiona y regula esta
sucesión de las generaciones, mediada por la heterosexualidad
y su normatización mediante el refuerzo de los estereotipos de
género. La práctica del aborto es una práctica contrahegemónica,
contracultural, a pesar de que las mujeres que se lo practican no
siempre tengan conciencia de que están resistiendo y desafiando
la identidad maternal prescripta como la identidad esencial del
género femenino. Marca el surgimiento de un sujeto político dispuesto
a defender esta identidad de mujer que recurre al aborto,
como una identidad posible de ser legitimada en el campo de los
derechos.
Los efectos sociales, económicos y políticos de la crisis de diciembre
de 2001 marcan una inflexión en la ya larga historia del
movimiento por el derecho al aborto en la Argentina. A partir
de la movilización generalizada de los sectores afectados por la
desocupación y la pobreza extrema, y de sectores medios expropiados
de sus ahorros por la devaluación/desdolarización de la
economía, se genera un aumento de la participación de las mujeres
en las protestas y en la gestión de la pobreza: las mujeres
más pobres son protagonistas en manifestaciones, comedores
comunitarios, reclamos a las autoridades y a los supermercados.
Se organizan para sobrevivir y se movilizan también para conseguir
anticonceptivos y condones. De las asambleas populares y
barriales surgen voces que defienden los derechos de las mujeres.
El 30 de octubre de 2002 el Congreso aprueba la ley 25.763 de
Salud Sexual y Procreación Responsable que obliga a los servicios
públicos de salud y las obras sociales a dar información y proveer
acceso gratuito a los métodos anticonceptivos a toda la población
que lo solicite. En las movilizaciones participaron muchísimas mujeres de sectores populares, que venían siendo pilares
de su grupo familiar. Si bien la desocupación afectó más al sector
industrial, y fue predominantemente masculina, las mujeres salían
a “parar la olla” con trabajos informales, precarios, mal pagos.
Pero también protestaron en las rutas, en las manifestaciones callejeras,
las asambleas barriales, en los pueblos. Fue en esos ámbitos
en donde se extendieron y se escucharon las reivindicaciones
que llevábamos adelante las feministas.
Una particularidad del movimiento en la Argentina es que desde
hace 23 años se realizan anualmente los Encuentros Nacionales
de Mujeres, iniciados por núcleos de mujeres feministas, que han
llegado a ser masivos. En 2003 se realiza una asamblea por el derecho
al aborto en el 18º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM)
de Rosario, a propuesta de la Asamblea por el Derecho al Aborto
de Buenos Aires. Se reúne en este ENM el primer Taller de Estrategias
para el Derecho al Aborto y la multitudinaria marcha
del ENM con el lema “Por el derecho a decidir”, “Anticonceptivos
para no abortar, aborto legal para no morir”. El 29 de mayo de
2004, el grupo Estrategias por el Derecho al Aborto, formado en
ese momento por la Comisión por el Derecho al Aborto; el Foro
por los Derechos Reproductivos; Mujeres de Izquierda; Democracia Avanzada; la Central de Trabajadores de la Argentina y feministas
independientes, organiza en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA
un Encuentro Nacional sobre Estrategias por el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito, implementando iniciativas surgidas del
18º ENM de Rosario, al que concurrieron más de 120 personas.
Este grupo comienza en noviembre de 2004 a recolectar firmas
en la esquina del Congreso nacional. Lo mismo se hace en Rosario,
Córdoba y algunas localidades del conurbano bonaerense.
El 14 de febrero de 2005 el ministro de Salud y Medio Ambiente
de la Nación declara en un reportaje en el periódico Página 12
que es partidario de la despenalización del aborto para resolver
la alta mortalidad materna, cuya primera causa en nuestro país
son las complicaciones post-aborto. Estas declaraciones reciben
respuesta inmediata de la Iglesia, cuyo obispo castrense, monseñor
Baseotto, lo amenaza con el castigo bíblico a los que “escandalizan
a los pequeños”: ser arrojado al mar con una piedra
de molino”. En el imaginario argentino, esto alude a los vuelos
de la muerte de la dictadura militar, a los cuales Baseotto no es ajeno. El día 12 de abril el grupo “Estrategias…”, con el apoyo
de 44 grupos y organizaciones de diversos lugares del país y
personalidades del arte y la cultura, realiza una conferencia de
prensa en Buenos Aires en la que informa la realización de una
campaña nacional de recolección de firmas por el aborto legal,
seguro y gratuito, desde el 28 de mayo hasta el 28 de septiembre.
Se anunció también una reunión de articulación nacional a
la que se sumaron numerosas asociaciones y que tuvo lugar en
Córdoba el 14 de mayo, coordinada por la organización Católicas
por el Derecho a Decidir. El 9 de mayo del mismo año el ministro
G. González García impartió directivas a todos los hospitales del
país para que las mujeres que ingresaran por complicaciones de
aborto fueran tratadas con confidencialidad, recibieran contención
sin prejuicios y egresaran con un anticonceptivo entregado.
Es la primera vez que desde el Estado se reconoce la morbimortalidad
por el aborto clandestino como un problema de salud pública
y de justicia social y que el ministerio nacional se compromete
a darle solución en el marco del derecho a la salud y los derechos
humanos.
Desde el año 2005 la conformación de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha dado fuerza, visibilidad
y organización plural al trabajo histórico realizado por
cada sector involucrado. Esta articulación logró posicionar a la
Campaña en el debate público como interlocutora en reclamos
al poder legislativo, judicial y ejecutivo, diálogos con los movimientos
sociales, los partidos políticos, los efectores de salud,
las universidades. Cada vez más convocada y reconocida, fue
convirtiéndose en un actor social insoslayable en el momento de
tomar posición, recuperar la historia, promover la conquista de
nuevos derechos y exigir el cumplimiento de los ya vigentes, aunque
muchas veces negados. En la declaración inaugural dijimos:
“La clandestinidad del aborto no impide su realización, aumenta
los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda
la sociedad. No queremos ni una sola muerte más por abortos
clandestinos”.
Desde hace nueve años la Campaña es asumida y sostenida por
una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 300 organizaciones
de todo el país, numerosas personalidades vinculadas al movimiento de mujeres y otros movimientos sociales, organismos
de derechos humanos, consejos universitarios y organizaciones
del ámbito académico y científico, efectores de salud,
redes campesinas y de educación, organizaciones de trabajadores
ocupados y desocupados, sindicatos, fábricas recuperadas,
agrupaciones estudiantiles. Articula acciones comprometidas
en la defensa de la integralidad de los derechos humanos, y el
derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad
de las mujeres, cuyo principal objetivo es despenalizar y
legalizar el aborto por decisión de la mujer. El lema –así como
el trabajo en todos estos años– es integral: “Educación sexual
para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal
para no morir”. Implica realizar modificaciones legales y en los
sistemas de educación, salud y, por supuesto, profundos cambios
culturales. La hipocresía del ocultamiento fundamentado en una
supuesta inmadurez social que posterga y pretende invalidar la
exigencia de nuestros derechos es intolerable. Uno de nuestros
logros es el reconocimiento de que “la sociedad está madura”. El
derecho al aborto es efectivamente un tema actual de debate. Las
distintas posturas están expresadas, pese a la oposición y manejos
de poderosos sectores políticos conservadores que retrasan la
discusión parlamentaria, desconociendo nuestras demandas de
equidad de género y justicia social.
El derecho al aborto seguro supone el reconocimiento de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte sustancial
interdependiente e indivisible de los derechos humanos.
Merece el mismo grado de garantías del Estado para ejercerlo que
los demás derechos humanos: civiles, políticos, culturales, económicos
y sociales. Actualmente el acceso a un aborto seguro es
un privilegio de las mujeres que tienen los recursos económicos
y simbólicos para obtenerlo en el mercado clandestino, ampliado
y complejizado desde la provisión de abortos quirúrgicos onerosos
hasta incluir la solidaridad entre mujeres para la práctica del
aborto medicamentoso. Es otro aspecto en que el Estado delega
el cuidado de la salud y la vida en el trabajo no remunerado y solidario
de las mujeres. Hemos señalado que es mucho más costoso
atender las complicaciones del aborto clandestino que evitarlas
a través de políticas preventivas y de la inclusión del aborto legal
en el hospital público. La clandestinidad del aborto lo ubica en el
espacio privado regulado por el acceso diferencial de las mujeres
a las riquezas económicas y culturales según su clase social: reproduce
los privilegios de las clases altas y las privaciones de las
bajas. Legalizarlo visibiliza para toda la sociedad que, aunque sus
protagonistas sean las mujeres, es una responsabilidad común
de equidad de género y justicia social poner a su disposición la
tecnología necesaria para la defensa de su vida y la libertad de sus decisiones. Por eso decimos que la legalización del aborto es
una deuda de la democracia. La garantía de acceso a este derecho
exige la plena vigencia de un Estado laico que no imponga
reglas desde una teología moral, que ejecute políticas públicas
para habitantes de distintas creencias religiosas, o para quienes
no las tienen; que descanse en la soberanía popular y no en un
poder emanado de creencias religiosas que legisla en nombre de
dios y de lo supuestamente sagrado.
En el año 2007, fruto de un amplio debate dentro de la Campaña,
se logra sintetizar y exponer nuestros argumentos en un Proyecto
de Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) presentado ese año por
primera vez, donde se establece principalmente
la despenalización y legalización
del aborto voluntario, es decir, por
decisión de la mujer hasta las 12 semanas
de gestación y, fuera de este plazo,
en los casos de violación, cuando está en
riesgo la salud o la vida de la mujer y si
existieran malformaciones fetales graves
(ver http://www.abortolegal.com.ar/).
En todos estos años se fue construyendo
un creciente apoyo de la sociedad y
de amplios movimientos sociales y políticos,
así como el tratamiento público
en algunos medios de comunicación y
la adhesión de referentes de las ciencias
sociales, la política, el arte y la cultura.
En marzo de 2010 fue presentado por
cuarta vez en la Cámara de Diputados,
con más de 60 firmas de diputadas y
diputados provenientes de la casi totalidad de los bloques partidarios.
El 30 de noviembre de 2010 se convoca por primera vez desde la
Comisión de Legislación Penal a una jornada de discusión. Fue
invitada la Lic. Marianne Mollman, representante de Human
Rights Watch, quien inaugura la discusión en el ámbito del Congreso
Nacional haciendo hincapié en la clandestinidad del aborto
como causa del problema de salud pública que ocasiona muertes
y enfermedad.
El 13 de julio de 2011 participa en una nueva jornada la Lic. Luz
Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aportando fundamentos jurídicos que
aclaran posiciones en relación con el marco internacional de los
derechos humanos de las mujeres y que son reproducidos por la
prensa.
El 1 de noviembre de 2011 se discute en la Comisión de Legislación
Penal –la primera de las tres por las que debe pasar el proyecto
de IVE– y se llega a un dictamen favorable que fue inmediatamente
impugnado. Esta anulación por falta de quórum se
sustentó en una sumatoria de impugnaciones controvertidas y
la ausencia de integrantes de la comisión que, aunque firmantes
del proyecto, no se presentaron para defenderlo, lo que frustró
nuevamente el avance en el debate legislativo. Paradójicamente,
este fracaso coincide con el crecimiento sostenido de apoyos y
adhesiones.
Se logran por primera vez resoluciones de adhesión al proyecto
de IVE de los consejos superiores de nueve universidades nacionales
y once consejos directivos de facultades y departamentos
de esas universidades.
“Aborto legal, una deuda de la democracia”, se tituló la solicitada
publicada el 8 de abril de 2011 en diarios de tirada nacional,
provinciales y revistas, retomada en diferentes medios. Esta solicitada
surge de los compromisos tomados en la reunión que convocó
la Campaña el 19 de febrero de 2011, en la que participaron
numerosos grupos sociales, políticos, centrales sindicales, referentes
de la cultura, académicos, consejos superiores de distintas
universidades nacionales, organismos de derechos humanos
(http://www.abortolegal.com.ar/?p=1108-).
Es decisivo el fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) del 13 de marzo de 2012, que establece la correcta
interpretación del art. 86 del Código Penal sobre la no punibilidad
de los abortos a pedido de la mujer ante cualquier caso de violación
y exhorta a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y de
la ciudad de Buenos Aires a formular protocolos de atención que
garanticen políticas de salud que pongan fin a la discriminación
que sufren las mujeres, cuando se impiden los abortos permitidos
por ley.
Como Campaña, nos sumamos al debate de las reformas integrales
del Código Civil y Comercial y del Código Penal, planteadas
por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Nos preocupa el
acuerdo expreso manifestado por los integrantes de la comisión
para la reforma del Código Penal con la convocatoria que excluye
de esta reforma integral el tema del aborto. Un pronunciamiento
de la Campaña (http://www.abortolegal.com.ar/?m=201311) fija
posición sobre algunos de los artículos de la Reforma, Actualización
y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.
La Campaña sigue luchando para que se aplique efectivamente,
sin judicialización ilegal, el artículo 86 del C.P. según la interpretación
definitivamente establecida en el mencionado Fallo FAL
de la CSJN. Para que se dé carácter de resolución ministerial a la
Guía de Atención de Abortos No Punibles, se cumplan los protocolos
provinciales acordes al Fallo FAL y los programas de salud
sexual y reproductiva que incluyan consejería pre y post-aborto.
Para que en todo el país tenga plena vigencia y aplicación la
Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ley 26.150): para que
nuestros derechos no sean papel mojado.
Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo deberá ser presentado por quinta vez este año, al
perder nuevamente estatus parlamentario, pese al consenso
social ganado y las sesenta firmas de diputadas y diputados
de un amplio espectro político que lo avalaron en el período
anterior. La legalización del aborto está en la agenda política
como tema en el que se dirime la calidad de nuestra democracia:
entre el respeto de la libertad de creencias y de conciencia
de las mujeres para decidir si, cuándo y cómo tener hijos, y el
freno al debate que opera como censura retardataria desde las
distintas pero coincidentes altas esferas del poder político y
religioso que subordinan el destino de las mujeres de todos los
credos (o de ninguno) al suyo personal. Las acciones convergen
y se aúnan en nuestra constante exigencia para lograr que
se debata y apruebe en el Congreso Nacional. Se saldará así
una deuda de la democracia para con los derechos humanos
de las mujeres.
1. Martha I. Rosenberg.
Médica, psicoanalista. Integrante del Foro por los Derechos
Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito
2. Elsa L. Schvartzman
Socióloga, docente-investigadora UBA. Integrante del Foro por
los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
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