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  Por Solana Camaño*  
   
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  J. llora y duerme en la escuela. Sus maestras piden un refuerzo de contenidos. J. entiende lengua y matemática, pero le cuesta mantenerse despierto porque su papá, que tiene una restricción perimetral, irrumpe a los gritos a la madrugada en su casa. Su mamá se acercó a un centro comunitario de su barrio a pedir ayuda. Sonreía cada vez que nombraba a sus hijxs. El resto del tiempo le temblaba la voz: tenía miedo.

Ese mismo día, mientras transcurría la charla, la Cámara de Diputados aprobaba por unanimidad la Ley Brisa, que brinda una reparación económica equivalente a una jubilación mínima -de aproximadamente 8 mil pesos, con incrementos móviles- a los hijos e hijas de víctimas de femicidios en todo el país, donde una mujer es asesinada cada 30 horas.

En qué consiste la ley

El derecho comienza a ser garantizado desde el procesamiento o condena del autor, coautor, instigador o cómplice de la violencia de género y es retroactivo a la fecha del fallecimiento de la madre. Está dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años y a los hijos e hijas con discapacidad sin importar su edad. Y será administrada por la persona adulta que acredite estar a su cuidado.

El régimen es compatible con la asignación universal por hijo, pensiones, alimentos u otras asignaciones familiares percibidas por los titulares de la reparación. Además, dispone la cobertura integral de la salud física y psíquica de lxs niñxs en un sentido amplio, y su seguimiento y control por parte del Ejecutivo.

La ley, que había obtenido media sanción en el Senado, posee un antecedente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se sancionó en agosto de 2017 y llevó más de cuatro meses reglamentar su aplicación. El fin era el mismo: proteger a las víctimas colaterales de la violencia de género que no pueden acceder a una vivienda, salud, educación, infancia y adolescencia en condiciones dignas.

Desde el bloque Justicialista, María Carolina Moisés sostuvo que se trata de un “una reparación de parte del Estado, que no llega a prevenir estas situaciones. Esto no es un beneficio social, son políticas que parten del dolor de la gente”.

¿Por qué Brisa?

La ley lleva el nombre de la hija más chica de Daiana Barrionuevo, una joven que fue asesinada a golpes por su pareja el 20 de diciembre de 2014, en Moreno. El hombre, Iván Adalberto Rodríguez, buscó encubrirse y la denunció por abandono de hogar, por “fugarse con un amante”. Su cadáver fue encontrado en el río dentro de una bolsa a mediados de enero del año entrante, y el femicida fue detenido.

Brisa, que hoy tiene cinco años, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, a cargo de su abuelo, no son las únicas infancias vulneradas por las vidas que se lleva la violencia de género. Desde 2008, 3.320 hijos e hijas quedaron sin madre, según datos La Casa del Encuentro. De ese total, el 66 por ciento son menores de edad.

“Ponemos el nombre de un caso emblemático, el de Brisa, pero es una situación que se repite de a cientos en el país. Es una ley impulsada por familiares y por el gran empuje que le dio ‘La Casa del Encuentro’”, explicó Alejandra Martínez, titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Si bien la ley sancionada por el Senado tiene algunas críticas -vinculadas a conceptos amplios como “violencia intrafamiliar”, que no profundiza en las relaciones patriarcales de subordinación- la diputada de la UCR subrayó la urgencia de garantizar su aprobación y plena aplicación.

* Solana Camaño Nació en julio de 1996. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín y coordina talleres de expresión artística con niñxs y adolescentes en el centro comunitario Detrás de Todo, ubicado en la villa 31 bis.

** Nota publicadad en FemiNACIDA


 
 
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