El Gobierno provincial anunció que estatizara ocho instituciones educativas de gestión privada. A través de un proyecto de ley enviado a la Legislatura provincial 7 colegios secundarios y un Centro de Formación Profesional, todos de gestión privada, se incorporarán a la gestión estatal del Sistema Educativo de La Pampa.

Los colegios secundarios que están comprendidos en la decisión política pertenecen a las localidades de Alta Italia, Colonia Barón, Lonquimay, Miguel Riglos, Doblas, Bernasconi y General San Martín, como así también el Centro Politécnico "Arturo Juan Ferrero" de la ciudad de General Pico.

Analizando la resolución política tomada es importante historizar la lucha sostenida de UTELPa desde el año 2009 respecto de esta demanda logrando instalar la necesidad de la estatización progresiva de los colegios privados durante la gobernación del entonces mandatario Mario Jorge. Este era un reclamo fuerte esos años y siempre estaba en el listado de exigencias y demandas en los congresos del sindicato. En ese momento se daban debates y reuniones con toda la comunidad de cada pueblo para que dieran su consentimiento debido a la necesidad de mejorar calidad y condiciones para toda la comunidad educativa. Luego incidimos en el texto de una ley que regula el traspaso de los trabajadores/as garantizando condiciones y derechos adquiridos y acompañamos esa transferencia.

Actualmente las instituciones han formulado de manera expresa la imposibilidad de seguir gestionando por sí mismas y manifestando su intención de incorporarse a la Educación Pública Provincial bajo la gestión estatal, iniciativa que apoyamos y sostenemos históricamente y que en estas instancias era más que necesaria.

El Proyecto de Ley establece, además, la creación de los cargos pertinentes para que el personal docente que presta servicios en las mencionadas instituciones pasará a revistar como personal estatal, según situación de revista y antigüedad que posean al inicio del ciclo lectivo 2024 garantizando así todos los derechos adquiridos por cada trabajadora/or de la educación.

Es prioritario un Estado presente y garante del derecho social a la educación, así como también mejores condiciones de trabajo para las y los docentes, por eso celebramos esta decisión, acompañamos y estaremos trabajando para que este proceso se desarrolle respetando los derechos de todos/as.

A partir de este cambio cada escuela formara parte de los proyectos y programas de inversión nacional que hasta el momento no los alcanzaban como por ejemplo el programa "Conectar Igualdad", entre otros. Programas que fortalecen la escuela pública, garantizan el derecho de nuestras/os estudiantes a recursos, formación y programas que mejoran la calidad de la educación, motivo por el cual creemos que el Estado debe ser el responsable y garante de la educación pública como principio innegociable ante la amenaza de la privatización del sistema educativo.